Lo intolerable | Laymert Garcia dos Santos

07/04/2016
Rafael Alves

Ahora, que el gobierno Temer murió antes de haber nacido;

Ahora, que ya sabemos que el proceso de Lula no debe volver a Curitiba;

Ahora, que el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, portavoz de la Lava Jato [NT: “lavado a presión”], admitió que “[…] los gobiernos que están siendo investigados, los gobiernos del PT […]” son los únicos que vienen al caso;

Ahora, que se hicieron patentes todas las irregularidades e ilegalidades cometidas por la Fuerza Tarea de Curitiba desde 2006, por lo tanto, desde los más remotos primordios de la Lava Jato, oficialmente deflagrada en 2014.

Ahora, que los trabajadores, movimientos sociales, estudiantes, intelectuales y artistas dieron cuerpo y voz al clamor de “No va a haber golpe”, sumando cada vez más intensamente el complemento “Va a haber lucha”;

Ahora, que ya se hizo patente para Dios y el mundo, tanto aquí como allá afuera, que la democracia corre peligro y que el Estado de Excepción se está instalando y revocando el Estado de Derecho, tamañas son las recurrentes violaciones a la Constitución de 88;

Ahora, que crece el consenso del “Afuera Cunha”;

Ahora, que incluso órganos de la gran prensa parecen desembarcar del golpe, a pesar de haberlo fomentado y defendido con uñas y dientes –no por amor a la legalidad, está claro, sino por constatar su imposibilidad teórica y práctica;

Ahora, que fue trincada la sacrosanta imagen del justiciero Sérgio Moro, revelando la figura del arbitrio despótico;

Tal vez haya llegado la hora de indagar, no si tendremos paz y podremos volver a nuestros quehaceres, sino qué configuración tomará la estrategia de la desestabilización del Brasil, a partir del punto al que llegamos.

Es preciso enterrar de una vez por todas la idea de que el proceso desencadenado tuvo algún día o aún tiene como objetivo efectivo acabar con la corrupción. Porque un combate ultraselectivo a la corrupción, que deja afuera una infinidad de ladrones para que griten libre e impunemente “¡Agarrá al ladrón!”, apuntando a Lula, Dilma y al PT, no puede ser tomado mínimamente en serio.

Y si la Justicia –particularmente la cúpula del Ministerio Público Federal–, así como sectores de la Policía Federal, solo aparentemente están combatiendo la corrupción, ¿qué están haciendo?

Diversos indicios, actos, enunciados sugieren fuertemente que se trata de desestabilizar el país a cualquier precio. Precio que, por cierto, a esta altura, ya es altísimo, si tenemos en cuenta

1) el perjuicio de ramas-clave del sector productivo, particularmente energía, infraestructura y defensa, con reverberaciones en toda la economía;

2) la generación de una inmensa crisis social, con su cortejo de desempleados y la amenaza de regresión de la parcela más vulnerable de la población a niveles infrahumanos que pensábamos definitivamente superados;

3) last, but not least, la desmoralización de las instituciones, comenzando por un Parlamento bandido, partidos políticos venales y grotescos, jueces y procuradores que maculan las leyes en nombre de valores espurios.

¿A quién le importa tal desestabilización planificada y rigurosamente ejecutada? Seguramente, Sérgio Moro y sus procuradores son apenas operadores de un crimen de lesa patria; tampoco los agentes de la Policía Federal son algo más que ejecutores. Está claro que los medios golpistas, los partidos de oposición, los movimientos fascistas continuamente estimulados, la FIESP, la OAB, los inocentes útiles y los oportunistas de turno, incluso en las huestes gubernamentales, son protagonistas empeñados en la producción del desastre, cada segmento operando a su modo. Y puede considerarse que, en virtud de su inmovilidad y falta de iniciativa, el propio gobierno Dilma y el PT contribuyeron involuntariamente, hasta hace poco, a la desestabilización.

El silencio de las Fuerzas Armadas es notable, incluso cuando importantes intereses de la Defensa, que las afectan directamente, son heridos. ¿Pero qué significa su no protagonismo? Si fuera verdad que Lula no fue secuestrado y llevado a la fuerza a Curitiba en virtud de la muy discreta interferencia de la Policía Aeronáutica en Congonhas, ¿habría ahí una indicación de que su papel como garante del orden instituido sigue intacto?

Resta, entonces, la cúpula de la Justicia. Excluyendo las conocidas posiciones de Gilmar Mendes, que dispensan comentarios, es inquietante constatar que aún no se sabe con certeza en qué dirección el Supremo Tribunal Federal se moverá, teniendo en vista la emisión de señales contradictorias y las dudas que suscita en cuanto al papel predominante de la Corte, si Corte Constitucional o Corte de Apelación.

Más graves aún son los actos y las palabras del Procurador General de la República, Rodrigo Janot. Acompañando y mapeando el desenvolvimiento del juego en los diferentes tableros de ajedrez de la crisis, el periodista Luiz Nassif percibió nítidamente que el Ministerio Público Federal era el “Alto Comando” del golpe. La designación es extremadamente fuerte, pero hay razones para el empleo del término. Entre ellas, la visita inexplicada de Janot al Departamento de Justicia en Washington para llevar a las autoridades americanas documentos sobre la Petrobrás; su inapetencia para investigar a Aécio Neves; su defensa intransigente de Moro y de la Fuerza Tarea de la Lava Jato, a pesar de las ilegalidades cometidas; su demora para denunciar a Cunha ante el STF, dando a este todo el tiempo para sublevar a la Cámara de Diputados contra el gobierno Dilma; y finalmente su autorización para que Moro divulgara los “grampos” [NT: dispositivos para intervenir una línea, pinchaduras telefónicas] legales de las conversaciones de la presidenta con Lula, del Ministro Jacques Wagner con Rui Falcão y de los abogados del ex-presidente.

La cartografía de Nassif confiere inteligibilidad a la desestabilización y, sobre todo, al papel del Alto Comando. Pero a lo largo del tiempo, y de la publicación de los posts, queda la impresión de que el periodista se asustó con su propio descubrimiento y pasó a explicar la conducta de Janot y de los procuradores bajo la óptica exclusiva del “corporativismo”. Así, el Ministerio Público Federal no compartiría la lógica que mueve a los otros protagonistas golpistas, ya que estos estarían más interesados en la lucha de poder que en el combate a la corrupción, obsesión que el MPF supuestamente quiere cumplir, “le duela a quien le duela”.

Volvamos, por lo tanto, a la cruzada contra la corrupción. Pero si esta es selectiva y si la sociedad brasileña entera ya está pagando un precio exorbitante por la Lava Jato, ¿tiene sentido creer en Janot? Si ya sabemos quién pierde con la desestabilización, ¿no sería mejor indagar quién gana con ella? Todo pasa como si la lógica de la Lava Jato obedeciera a la estrategia de descalificación absoluta del Brasil en la escena global, en el ámbito de los BRICS, en el ámbito del Mercosur y a los ojos de los propios brasileños; vale decir: la estrategia de reducción del país a una condición neocolonial. La desestabilización pretende la inviabilización del Brasil como país. Más aún: la estrategia ni siquiera parece haber sido elaborada aquí, en la medida en que repite y retoma métodos, procedimientos y tecnologías jurídicas, policiales y políticas del terrorismo de Estado norteamericano, en su guerra contra los países “enemigos”, principalmente aquellos que detienen soberanía en términos de energía y que, por eso mismo, precisan ser “neutralizados”. La estrategia busca criminalizar al gobierno Dilma, Lula, al PT y a todos aquellos que resisten a la implementación de la agenda neoliberal y neocolonial, equiparándolos a “terroristas”, que precisan ser eliminados de la escena política. La estrategia obedece a la lógica de la tierra arrasada, de preferencia llevada a cabo por los propios autóctonas, sin intervención externa directa y sin interferencia militar. Una guerra no declarada en la así llamada “zona gris”, donde los justicieros locales hacen el servicio sucio, manejando las armas del Estado de Excepción y, en sintonía con los medios golpistas, detonando bombas informacionales con impacto calculado sobre la opinión pública y sobre las instituciones.

Moro y los procuradores de Curitiba son los soldados de la desestabilización. Janot y los procuradores de Brasilia son el Alto Comando. Forman la espina dorsal de un dispositivo de destrucción de la política como forma de entendimiento de lo colectivo. Entrenados en seminarios y coloquios por los especialistas en “cooperación”, aprendieron las nuevas tecnologías jurídicas, políticas y policiales del “contra-terrorismo”, importaron e implementaron la estrategia del caos. Y no podemos siquiera alegar que no fuimos alertados: Snowden, en 2013, había revelado las escuchas de la NSA contra Dilma y contra la Petrobrás; pero no sabemos si lo que el espionaje averiguó en la petrolera proveyó material para la Lava Jato. Por otro lado Wikileaks nos informa que Moro y procuradores participaron con entusiasmo, ya en octubre de 2009, en una conferencia en Río de Janeiro, en la cual pidieron entrenamiento a los americanos de la Coordinación del Contra-Terrorismo – entrenamiento multijurisdiccional, práctico, incluso con demostraciones sobre cómo preparar un testimonio para deponer. En las palabras del propio documento infiltrado: “Entrenamientos futuros deben enfocar en áreas como fuerza tarea sobre ilícitos financieros, que pueden mostrarse la mejor manera de combatir el terrorismo en el Brasil”.

Sabemos que en Brasil no hay terroristas y sabemos quién gana con la criminalización de la izquierda. Ya sabemos, por lo tanto, quién quiere la desestabilización. Por eso, más allá de la defensa de una Presidenta electa y de un ex-Presidente buscado injustamente, está en cuestión la defensa de la democracia y de la soberanía. Quiere decir: de la construcción del futuro. De ahí, la pregunta: ¿Vamos a continuar tolerando lo intolerable?

* Traducido por Cecilia Diaz Isenrath

Profesores universitarios lanzan carta abierta a la comunidad académica internacional denunciando el golpe en el Brasil

* El texto de esta página fue presentado en el acto oficial de la carta el 6 de abril de 2016, en la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la USP.

Texto de la carta en inglés; y la lista de profesores e investigadores que suscriben la carta.